Cuando la policía o los militares torturan o someten a malos tratos a las personas, como en el caso de Marvinia Jiménez, aquella joven brutalmente agredida en febrero en la urbanización La Isabelica por una funcionaria de la Guardia del Pueblo; o del estudiante tachirense Gerardo Carrero, quien acusó al director de investigaciones estratégicas del Sebin, Carlos Calderón, de torturarlo; o cuando los procesos judiciales son manifiestamente injustos como en el caso de los cientos estudiantes presos por ejercer la protesta social, la sociedad pierde la credibilidad en el sistema de justicia y sólo le queda recurrir a las instancias internacionales.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un tratado de derechos humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad, pues fue ratificada por Venezuela el 29 de julio 1991. Desde ese momento el Estado venezolano debe cumplir de buena fe con todas sus disposiciones, métodos, y mecanismos. Pese al permanente desprecio por el derecho internacional, Venezuela como Estado Parte en esta Convención, está obligada a impedir y prevenir los actos de tortura en su jurisdicción, a tipificar estos actos como delito en su legislación, a investigar todas las denuncias de tortura y a procesar a los presuntos torturadores, así como a asegurarse de que a todo el que se sospeche autor de esos actos tenga un trato justo durante todo el proceso al que sea sometido. También debe excluir las declaraciones obtenidas mediante tortura como prueba en los procesos y a asegurarse de que las víctimas reciben indemnización.
El 6 de noviembre Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura para rendir cuentas sobre la conducta de sus autoridades. No se trata de un organismo dependiente de gobierno o potencia extranjera, el Comité contra la Tortura es un organismo de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante el examen de los informes periódicos que le presenten los Estados Partes, la realización de investigaciones, la emisión de dictámenes y, cuando se haya reconocido su competencia para hacerlo, la consideración de casos individuales.
Todos los gobiernos tienen el deber de procesar y sancionar a los responsables de la comisión de delitos y faltas. Pero cuando se trata de torturas, la necesidad de justicia se hace más apremiante por la trascendencia de dos tipos de consecuencias extremas. Si se administra justicia efectivamente, lo cual incluye reparación integral y garantías de no repetición toda la sociedad gana. Si hay impunidad, crece la indefensión ciudadana frente al abuso de autoridad.
Los Estados Parte están obligados a entregar al Comité informes cada cuatro años. El objetivo de este mecanismo de información es propiciar un dialogo sincero y constructivo y contribuir con la erradicación de las violaciones de derechos humanos. Pero nos preguntamos: ¿en realidad el gobierno estará dispuesto a poner en práctica la Convención de la manera más completa y efectiva posible?, ¿aceptará los consejos del Comité y adoptará las medidas encaminadas a la realización de los derechos estipulados en la convención en casos tan graves como el de la jueza María Lourdes Afiuni?, ¿implementará el Protocolo de Estambul (manual para sustanciar las investigaciones de tortura)?, ¿ se investigarán y erradicarán las miles muertes que ocurren en las cárceles venezolanas?, ¿se ratificará nuevamente la Convención Americana sobre derechos humanos?, ¿se permitirá que los relatores sobre Torturas, Independencia de Jueces, y Protección de Defensores de Derechos Humanos visiten a Venezuela?
Por lo pronto, lo que tenemos son las enrevesadas respuestas de la delegación enviada por el gobierno a Ginebra para el 53° período de sesiones del Comité. No hicieron más que esfuerzos desesperados por ocultar el uso de la tortura en el país.
Lo cierto es que Venezuela ha firmado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero no los respeta. Lo cierto es que recurrentemente escuchamos que somos un país comprometido con la protección de los derechos humanos, pero el gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dejó a las víctimas sin la posibilidad de ser escuchadas por un tribunal verdaderamente independiente, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto es que Venezuela es miembro no permanente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero desconoce las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones, las cuales, recientemente, se pronunciaron a favor de Leopoldo López, Daniel Ceballos y todos los presos políticos por protestar.
Las autoridades venezolanas tienen oportunidad de mostrar su firme voluntad de erradicar la tortura y terminar con la impunidad, e implementar las recomendaciones del Comité contra la Tortura con la participación de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, las cuales desarrollan un rol de seguimiento necesario en las sociedades democráticas. Sería un grave error que las autoridades de los órganos del poder público pretender seguir siendo refractarias al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
El gobierno de Venezuela no puede continuar ignorando que el uso de la tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y la policía se han vuelto rutinarios; la impunidad es la norma y las medidas para prevenir, investigar y sancionar el uso de la tortura son totalmente ineficaces.
En el discurso chavista la retórica antiimperialista ha actuado como una cortina de humo detrás de la cual las violaciones de derechos humanos se cometen impunemente. La contumacia gubernamental ha debilitador el Sistema Interamericano. Pero ya no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa institución frecuentemente descalificada por tener su sede en Washington, ahora es el Comité contra la Tortura, cuya sede está en Ginebra. El compromiso fundamental de estos organismos es erradicar los horrores que se han cometido en contra de seres humanos, lo cual es motivo suficiente para que la comunidad internacional se empeñe en que esas atrocidades no vuelvan a cometerse. Por eso es inadmisible alegar injerencia en los asuntos internos. De hecho, cada día más las sociedades democráticas reconocen y fortalecen los sistemas regionales y universal de protección de los derechos humanos.
Venezuela debe demostrar su buena fe frente a la comunidad internacional, es la oportunidad de cumplir con las recomendaciones del Comité contra la Tortura y de solicitar su asistencia técnica para promover ante las autoridades del poder público los estándares necesarios para el seguimiento de las observaciones finales. Lo que queda es cumplir con las obligaciones internacionales voluntariamente contraídas por el Estado venezolano.