Colombia hacia el equilibrio entre paz y justicia

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el principal crítico del proceso de paz en Colombia, al extremo de arremeter contra los países que acompañaron la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para poner fin a 52 años de conflicto armado. El principal argumento de Uribe es que las FARC pueden ser derrotadas militarmente.

Se trata de una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde la década de los años sesenta del siglo pasado. Según el reporte de la Unidad de Víctimas, el costo del conflicto supera los 9,5 millones de víctimas, e identifica 12 crímenes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes.

Los colombianos tienen derecho a la paz. La paz, en términos elementales, debe ser entendida como la ausencia de violencia y en el escenario del Derecho Internacional, la paz internacional supone la no existencia de una confrontación bélica.

Al presidente Uribe no le asiste la razón. El derecho a la paz lo proclama el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, como propósito fundamental del sistema de Naciones Unidas. La paz y la seguridad internacionales están basados en dos pilares: la solución pacífica de controversias y la renuncia al uso de la fuerza. Así mismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 28, contiene una base muy importante para afirmar que reconoce el establecimiento de un orden internacional, el cual debe desarrollarse en paz, a los fines de que los derechos se materialicen de forma eficaz. El concepto de orden internacional contenido en dicho artículo incluye necesariamente la idea de paz, deduciéndose que toda persona tiene el derecho a que exista un orden internacional capaz de asegurar y garantizar la paz. La Asamblea General de Naciones Unidas también ha publicado dos resoluciones relativas al derecho a la paz.

El acuerdo de paz en Colombia establece los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las FARC mediante un cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como un cronograma preciso para el abandono de las armas en 180 días, y el inicio de su reincorporación a la vida civil. La ONU, a través de un proceso técnico, trazable y verificable, recibirá la totalidad de las armas de las FARC y le garantizará al pueblo colombiano su abandono completo e irreversible.

El proceso de paz no puede ser confundido con impunidad, es la viva expresión de la justicia transicional. Esta modalidad de justicia se deriva de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad, y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática.

Las preguntas e inquietudes son muchas: ¿Qué debe hacer la sociedad colombiana frente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante 52 años? ¿Debe castigar a los responsables? ¿Debe olvidar tales abusos para favorecer la reconciliación? Las respuestas a estas preguntas solo dependerán del deseo real de los colombianos de encontrar un equilibrio razonable entre las exigencias contrapuestas de la justicia y de la paz, entre el deber de castigar el crimen impune y honrar a sus víctimas, y el deber de reconciliar a los antiguos adversarios políticos.

El criterio básico para alcanzar ese equilibrio entre paz y justicia, entre orden y derechos humanos, es el llamado juicio de proporcionalidad, según el cual la restricción de un derecho fundamental, como el derecho de las víctimas a la justicia, solo será legítimo si constituye el medio necesario y suficiente para conseguir un propósito democrático prioritario como la reconciliación o la paz.

Hoy Colombia puede exhibir con orgullo el inicio de un proceso de transición política a la democracia y a la paz.

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