El primer deber de la administración penitenciaria es asegurar que las cárceles sean seguros. Tanto los presos como el personal que labora en las prisiones debieran estar protegidos contra cualquier tipo de violencia y amenaza para la vida y la salud, sin importar de dónde provengan tales amenazas. Asimismo, el resto de la sociedad también tiene el derecho de estar a buen resguardo de quienes han cometido delito y, por falta de una reeducación efectiva, pueden volver a hacerlo.
El sistema carcelario venezolano no funciona. Estar preso es equivalente a estar condenado a muerte. El gobierno en Venezuela está tan distorsionado y las instituciones del Estado están tan debilitadas que actúan con la lógica perversa del pranato. Las normas de convivencia establecidas en la Constitución y las leyes son pisoteadas por un líder (el pran) que monopoliza el poder e impone sus propias reglas; por lo general, a sangre y fuego.
Por si fueran pocas las calamidades en los penales, ahora surge la instrumentalización de los privados de libertad con fines políticos. El 17 de junio de 2016 la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, denunció ante el Ministerio Público que, supuestamente, la oposición usó los datos de cientos de reclusos para que avalar el referendo revocatorio presidencial.
En su desesperación por desvirtuar el proceso de recolección de firmas para hacer cesar el mandato de Nicolás Maduro, Varela denunció al dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera y al gobernador opositor Henrique Capriles Radonski, por la supuesta comisión de delitos de falsificación de firmas. La ministra trasladó aproximadamente a 300 presos de Yare, el Rodeo y el INOF a la sede de la Fiscalía. Ojalá fuera igual de eficiente cuando cada uno de esas personas requieren un traslado oportuno para que se agilicen los procesos en su contra.
Nos preguntamos: ¿qué pasará con aquel privado de libertad que se niegue a protestar por la presunta utilización de su firma?
En una sociedad democrática es inaceptable la utilización de las presiones y del chantaje desde el poder a ciudadanos privados de libertad. Lo cierto es que el Ministerio Público debe investigar qué juez (funcionario legal y legítimamente autorizado) para decidir sobre la libertad de un preso, firmó el traslado de los presos para manifestar en las puertas del Ministerio Público.
Sin duda, cualquier hecho punible hay que investigarlo, incluso si se trata de la falsificación de las firmas de los presos para activar el referéndum revocatorio.. Sin embargo, llama la atención y genera muchas suspicacias el manejo de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. El 31 de julio de 2011 atentó contra la imparcialidad, autonomía e independencia del Poder Judicial, pues dijo: “Si un juez me pone una traba, le digo a la presidenta del TSJ que lo saque del cargo”. También hay que recordar que muchos de los privados de libertad para ser beneficiarios del llamado Plan Cayapa tuvieron que revocar el nombramiento de sus abogados privados y designar defensores públicos; con ello se relajó la garantía constitucional de que toda persona tiene derecho a ser representada por un abogado de su confianza.
Pero también genera muchas dudas los vínculos de la ministra con los pranes. ¿Qué decir de la fotografía donde la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aparece abrazada con quien fuera el pran de la cárcel de Porlamar, Teófilo Cazorla Rodríguez, conocido como “El Conejo”? El confort de la habitación de El Conejo contrasta con el hacinamiento que padece la mayoría de la población reclusa del país. ¿Varela habrá sido requisada, hasta en sus partes íntimas, antes de visitar a su amigo “El Conejo”, como ha ocurrido con Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, esposa y madre del líder opositor Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde?
Venezuela está hundida en una profunda crisis política, económica y social. Son muchos los padecimientos y las mismas reflexiones diarias nos reafirman la necesidad de perseverar en el referendo revocatorio.
La maniobra de la ministra ya no asombra. El referendo revocatorio es una de las herramientas constitucionales y legítimas para resolver la crisis que los venezolanos estamos padeciendo, derivadas de un gobierno que no es democrático sino que corresponde a una modalidad de autoritarismo competitivo; un gobierno que se ufana del número de eventos electorales ganados y que, ahora, se hace el loco y fomenta el boicot de todas las formas imaginables, hasta utilizando a los presos.