Una sociedad democrática se distingue por la existencia y preservación de la separación de poderes. Tal separación no debe ser puramente formal, sino que debe garantizar efectivamente su propósito: los contrapesos institucionales para cerrarle el paso a tentaciones autoritarias.
Junto con la separación de poderes emerge el Estado de Derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley, y no de una persona o un partido político.
La función del Poder Judicial es resolver con absoluta independencia los conflictos en la sociedad, lo que le permite frenar eficazmente el abuso de poder, así como los excesos y desmanes de los demás poderes cuando estos infrinjan la ley. Y esto hace que se convierta en el poder encargado de hacer efectiva la idea del Derecho como elemento regulador de la vida social.
En los últimos años la forma de gobernar en Venezuela ha estado caracterizada por al abuso de poder y de la fuerza que un individuo y un grupo han ejercido sin escrúpulos. Se ha impuesto una autoridad absoluta, la cual no se detienen ante los límites que imponen las leyes, ni siquiera la que ellos mismos han elaborado. La consecuencia: violaciones de derechos humanos, corrupción y violencia.
Contra esta forma despótica de gobernar el pueblo venezolano se pronunció el pasado 6 de diciembre, el resultado fue revelador: 2,10 millones fue la diferencia de votos entre la Mesa de la Unidad y el Gran Polo Patriótico. Mientras la oposición logró captar 7.707.422 sufragios (56,2%), el chavismo se quedó con 5.599.025 (40,8%). Otras agrupaciones sumaron 341.121, mientras los votos nulos sumaron 686.119 (4,77%).
Como una demostración más del ejercicio tiránico del poder, y en un inocultable gesto de desesperación, la saliente Asamblea Nacional pretende realizar sesiones extraordinarias para elegir a doce magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, antes de que la nueva Asamblea Nacional se instale, el próximo 5 de enero de 2016, violando la carta magna, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el reglamento interno del Comité de Postulaciones Judiciales, que rige el mecanismo de funcionamiento y los procedimientos para convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar al Poder Ciudadano la lista de candidatos a magistrados, postulados por la sociedad civil; la voluntad popular y la participación ciudadana.
El Comité de Postulaciones Judiciales, que realiza el proceso de selección para la designación de los magistrados, de acuerdo con lo que señala el reglamento que lo rige, debería actuar “según los principios de autonomía, independencia, imparcialidad, colaboración, igualdad, confiabilidad, honorabilidad, eficiencia, transparencia, objetividad, participación ciudadana, publicidad, celeridad y con apego a la Constitución”. Pero, lamentablemente su actuación no ha sido transparente.
La idea de tener el Poder Judicial al servicio de la política comienza en el año 2004 cuando la bancada oficialista aprobó, sin la anuencia del sector opositor, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Fueron sesiones maratónicas que duraban hasta el día siguiente, para aprobar, a como diera lugar, artículos que contenían más de cinco páginas. Con esa ley se logró designar a nuevos magistrados, entre ellos a Luis Velásquez Alvaray (quien fue el principal promotor de la misma desde una curul del parlamento), Eladio Aponte Aponte y Luisa Estella Morales, esta última confesa opositora al principio de la separación de poderes.
Esta práctica inconstitucional se repitió en el año 2014 con el nombramiento, por parte de la Asamblea Nacional, de magistrados sin la mayoría calificada de los diputados.
La actual Asamblea Nacional activó, previendo los resultados electorales del 6 de diciembre, un plan para designar de manera exprés y fraudulenta a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que de acuerdo con las normas establecidas, exige ser aprobado por 2 tercios (112) de la Asamblea Nacional, con los cuales nunca han contado. Para ello se promovieron y acordaron unas jubilaciones anticipadas que darían espacio a las nuevas designaciones
Las violaciones del cronograma para el nombramiento de esos magistrados son claras. El periodo de postulaciones se prorrogó de forma sucesiva y luego se tornó indefinido. Se le arrebató el derecho al ciudadano de impugnar a los postulados. Para la legislatura saliente de nada vale que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo establezca 15 días continuos que deben ser contados desde el 9 de diciembre, fecha en la cual el Comité de Postulaciones publicó el listado de los aspirantes para que la ciudadanía pueda realizar las impugnaciones que hubiese lugar, y el cual fenecería el 23 de diciembre.
Posteriormente, el Comité de Postulaciones tendría ocho días para decidir sobre las impugnaciones, y los diputados el deber de recibir la impugnación y revisar la veracidad de los hechos denunciados en un periodo comprendido entre el 24 al 31 de diciembre, para luego notificarle a los aspirantes impugnados, quienes luego de ser notificados para ejercer el derecho a la defensa se debería enviar la lista depurada al Poder Ciudadano, entre el 6 al 15 de enero, para que se depure nuevamente la lista y luego se proceda a la votación que está establecida en un máximo de cinco días continuos. Legalmente el cronograma concluiría el 20 de enero de 2016.
Ante este escenario surge un nuevo actor, Elvis Eduardo Hidrobo. Este nuevo miembro de la lista exprés de postulados al tribunal, fungía o funge de presidente del Comité de Postulaciones y evaluador de las credenciales de los aspirantes a magistrados. Lo más grosero es que Hidrobo es el mismo Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, directivo del PSUV y derrotado en su intento de ser reelegido como diputado el 6 de diciembre.
La designación de magistrados del Poder Judicial no puede ser efectuada al mejor estilo de Lucky Luciano. Los hechos que han perpetrados los dirigentes oficialistas configuran un verdadero asalto. El 6 de diciembre los venezolanos se pronunciaron por un cambio, con ansias de diálogo, paz y reconciliación. Esta es la oportunidad para que se inicie un proceso de renovación de los poderes públicos, conforme a los valores de pluralismo, la participación y el respeto a la voluntad popular.