Nicolás Maduro ha sido señalado como reo de crímenes de lesa humanidad ante la instancia de derechos humanos más importante del planeta.
El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue al fondo del asunto: la violación sistemática y generalizada de derechos humanos como parte de una política de Estado.
Sin un sistema de administración de justicia independiente en Venezuela, la visibilización de crímenes de lesa humanidad en instancias internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es la posibilidad más efectiva de alcanzar justicia. Y es particularmente revelador que el informe de la misión de la ONU haya incluido la falta de contrapesos institucionales y la complicidad de los operadores judiciales como agravante de los crímenes investigados. Vale recordarlo: en Venezuela no hay un Ministerio Público que garantice la legalidad ni una Defensoría del Pueblo que fiscalice al resto de los órganos del poder público.
Es pública y notoria la contumacia de Venezuela en el incumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, nunca antes se había dicho, con todas sus letras, que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y que el presidente de la República, así como los ministros y demás burócratas que tienen el poder de las armas las han utilizado para desarrollar una política de represión selectiva.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no es un tribunal y, de hecho, la misión de la ONU aclara que corresponde a los órganos jurisdiccionales juzgar y sancionar. Pero la investigación desarrollada, sin dudas, aporta suficientes elementos de convicción de la comisión de “asesinatos arbitrarios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes -incluyendo violencia sexual y de género-, desapariciones forzadas (a menudo de corta duración) y detenciones arbitrarias”.
La utilidad de una misión internacional independiente de determinación de los hechos va más allá de una simple documentación de violaciones de derechos humanos. Es un proceso de amplio espectro que aborda la responsabilidad política, jurídica y moral de las personas e instituciones por violaciones de los derechos humanos.
Poco importa que Maduro, sus ministros y sus jefes policiales y militares repitan, a modo de consigna, una frase que no tiene cabida en materia de derechos humanos: “Somos libres, autónomos y soberanos, y no podemos permitir injerencia en nuestros asuntos internos”.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la responsabilidad personal de los funcionarios del Estado, por lo cual el oficialismo tiene motivos para preocuparse: la sanción penal es ineludible. En esta oportunidad no sólo se está haciendo referencia a la responsabilidad internacional de Estado, sino a la responsabilidad penal individual de los funcionarios actuantes y los altos jerarcas del régimen.
La misión de la ONU recomendó a los Estados que conforman la comunidad internacional que consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados en el informe, de conformidad con su legislación interna. Se trata de la posibilidad real de que cualquier funcionario vinculado con la comisión de crímenes de lesa humanidad sea detenido y juzgado en otro Estado.
Es el ejercicio de la jurisdicción universal en contra de aquellos funcionarios que no fueron investigados ni sancionados por violaciones de derechos humanos en los países donde cometieron las tropelías. Los torturadores y los perpetradores de ejecuciones extrajudiciales no podrán invocar, en los tribunales de otro país, ningún tipo de inmunidad, tal como lo señala la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
La misión de la ONU determinó que las violaciones de derechos humanos se cometen sistemática y generalizadamente y, además, con impunidad. Los Estados miembros de la ONU deben decidir si amparan con su silencio las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, o si, por el contrario, hacen lo que esté a su alcance para detener los atropellos, por ejemplo, mediante la detención y juzgamiento de los criminales de lesa humanidad.
Todo indica que Maduro tendrá que enfrentar la fase de investigación y enjuiciamiento en el procedimiento que cursa ante la Corte Penal Internacional. El informe de la misión de la ONU señala indicios razonables en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá que tomarlo en consideración en el examen preliminar que tiene a cargo y que, por cierto, debió publicar a comienzos de 2020. Por eso la misión exhorta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que tome en cuenta “las necesidades de justicia de las víctimas”.
Ante la impunidad de violaciones de derechos humanos en Venezuela, el resto de los Estados miembros de la ONU, en el ejercicio de su jurisdicción, están obligados a procesar y condenar, con independencia de donde hayan ocurrido los hechos y la nacionalidad de las víctimas y actores, a los autores de ciertos crímenes contra la dignidad humana. Así ocurrió con Augusto Pinochet, Alberto Fujimori, Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, quienes fueron juzgados en tribunales extranjeros.
Para los criminales internacionales, no hay lugar en el mundo suficientemente seguro para esconderse. Además, es una deuda que no prescribe. Por el resto de sus vidas los perseguidores venezolanos serán perseguidos en todo el mundo hasta que salden sus cuentas con la justicia universal.
Maduro está cada vez más cerca del banquillo de la Corte Penal Internacional