La democracia es una forma de gobierno donde existen mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Es el antónimo de la dictadura, es decir de un régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, y ejerce el poder y la autoridad de manera arbitraria. Venezuela es, sin dudas, un régimen donde la participación del pueblo ha sido secuestrada e instrumentalizada por el oficialismo.
La democracia es una condición necesaria en la integración suramericana. Y un ejemplo claro es que Mercosur ha ido más allá de los acuerdos comerciales para crear, promover y consolidar instrumentos de carácter político, con el objetivo principal de fortalecer la democracia en los países que integran el bloque.
El ingreso de Venezuela a Mercosur fue uno de las más persistentes aspiraciones del fallecido presidente Hugo Chávez: “Estamos en Mercosur. Ese sí es el camino para el desarrollo de la economía y de la sociedad, porque nosotros solos no podremos; solos contra el mundo, imposible; solos contra la corriente, imposible. Vamos a darle gracias a Dios pues. Venezuela está en el Mercosur y el Mercosur está en Venezuela”, expresó Chávez al celebrar el ingreso de Venezuela a este mecanismo de integración en calidad de país asociado, hecho que constituyó el primer paso para que la nación lograra incorporarse como miembro pleno el 31 de julio de 2012.
La Cláusula Democrática del Mercado Común del Sur es una manera (más explícita en función de su sentido) de nombrar al Protocolo de Ushuaia, suscrito por los miembros fundadores de Mercosur en 1998 y ratificada por Venezuela en 2005. En este instrumento fundamentalmente se establece la suspensión de cualquiera de sus integrantes en caso de ruptura del orden democrático. De un modo más específico que en la Carta Democrática Interamericana.
El artículo 3 Protocolo de Ushuaia dice: “Toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos siguientes.”
El gobierno venezolano ha rechazado la invocación de la Carta Democrática Interamericana y ha afirmado que con esta acción se vulnera el ordenamiento legal y constitucional de Venezuela, llegando al extremo de descalificar la actuación de Luis Almagro, secretario general de la OEA, por considerar que ha actuado fuera de su competencia y con abuso de poder.
El traspaso de la presidencia temporal a Venezuela debería concretarse este mes, en el contexto de la rotación semestral por orden alfabético. Está en manos de Uruguay, cuyo representante, Rodolfo Nin Novoa, aduce que dicho traspaso es una obligación jurídica que no pude ser incumplida.
Pero, lo que el parece olvidar es que en Venezuela se comenten violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, lo cual contradice lo establecido en la referida Cláusula Democrática.
Más que inexplicable, resulta raro Nin Novoa no haya tomado en consideración las obligaciones jurídicas del Estado venezolano con sus ciudadanos.
Canciller Nin Novoa, ¿no leyó usted el informe Almagro? ¿No entiende que las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, desde que está en manos de la oposición, han afectado gravemente los elementos esenciales de la democracia representativa? Tal como lo hizo Juan María Bordaberry en su país, en el mío el Ejecutivo trata al Tribunal Supremo de Justicia como si fuera su bufete. ¿Es que acaso no ha oído hablar de Leopoldo López, Manuel Rosales y Antonio Ledezma, los más emblemáticos presos políticos por decisiones del presidente del República (expresadas públicamente sin escrúpulo alguno) y no de jueces autónomos e independientes?
En Venezuela la libertad de expresión está severamente acechada; hay un blackout informativo brutal. Le cuento que también existen muchos ciudadanos enjuiciados por ejercer legítimamente sus derechos; todos los días el ciudadano percibe el desconocimiento a la autoridad de la Asamblea Nacional por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial. Eso atenta contra la democracia.
Canciller, en Uruguay, el 30 de noviembre de 1980, la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto imperante para la época, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. En mi país la Constitución incluye la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio por la mala gestión de este gobierno, pero las autoridades han saboteado la iniciativa de todas las formas posibles. Eso no es democrático.
Apreciado canciller, seguramente usted recordará muy bien al presidente uruguayo Jorge Pacheco Areco. En su desempeñó se destacó por aplicar las medidas prontas de seguridad (estado de excepción) por primera vez el 13 de junio de 1968, fecha que se conoce como el nacimiento del “pachequismo”. Pacheco gobernó cuatro años aplicando reiteradamente las medidas prontas de seguridad, lo cual le valió el adjetivo “autoritario”.
Fíjese que en mi país también estamos viviendo una situación de inestabilidad institucional por la declaratoria de un estado de excepción y emergencia económica. Pareciera que el presidente Nicolás Maduro se copió de Pacheco, quien también hizo una libre interpretación de las causas de la crisis económica. Aquí, Maduro habla de guerra.
¿Recuerda que el 28 de junio de 1968 Pacheco dictó el decreto N° 420/68, mediante el cual se estableció la congelación total de precios y salarios? Pacheco era una cosa seria con el tema de las restricciones de los derechos humanos de los uruguayos.
Canciller Nin Novoa, supongo que usted, como técnico agropecuario, se preguntará por qué en Venezuela no hay alimentos, por qué la gente está pasando hambre. Tampoco hay medicinas canciller y la gente se está muriendo, al tiempo que el gobierno de Maduro, empecinado en negar la realidad, rechaza la ayuda que los extranjeros están dispuesto a prestar. Hasta Roy Chaderton, uno de los defensores a ultranza de la política exterior de Venezuela, acaba de reconocer que él mismo no consigue medicinas para la tensión arterial. Sí canciller, en Venezuela no se garantiza el derecho a la vida y a la salud por la falta de medicina y alimentos. Y por si fuera poco, ¿qué le parece que seamos el país más violento del mundo por el auge descontrolado de la criminalidad?
Todo este panorama injusto no es democrático. Revela una ruptura del orden democrático en Venezuela, el cual no está limitado a un golpe de Estado clásico (con tanquetas y fusiles), sino que tiene que ver con el compromiso asumido por los países Mercosur en cuanto a la efectiva vigencia de los derechos humanos.
¿A usted le parece razonable transferir la presidencia pro tempore de Mercosur a un Estado violador de derechos humanos, y contumaz en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales sobre la materia, simplemente porque se trata de una formalidad?
Por si se le ha olvidado, el gobierno de Maduro denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Tribunal Supremo de Justicia, a instancias del Ejecutivo, ha declarado “inejecutables” las sentencias de la Corte Interamericana que han verificado la diversidad de atropellos en el ejercicio del poder, entre ellos el uso artificioso de la justicia penal para encarcelar a críticos opositores.
Razón tiene el canciller paraguayo Eladio Loaizaga en convocar a una reunión extraordinaria los ministros de Relaciones Exteriores de los países del bloque regional, para que puedan considerar la actualidad política de Venezuela, en los términos establecidos en el Protocolo de Ushuaia. La cita es el 11 de julio. En esa oportunidad le corresponderá a Mercosur hacer valer la democracia en la región.