Una de las aspiraciones fundamentales de todo ser humano es gozar de salud. Para que se convierta en realidad, los Estados deben crear medios y condiciones mínimas para que el ciudadano tenga acceso al bienestar físico, mental y social. Precisamente por eso la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano, sin excepciones, tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir decentemente.
En Venezuela el derecho a la salud no está garantizado. No hay medicamentos, el ciudadano tiene que hacer largas y humillantes colas en las farmacias sin garantías de poder adquirirlos, ya sea porque escasean o por sus elevados costos. En los hospitales y clínicas los padecimientos se proyectan al extremo de estar obligados a ver, impotentes, cómo mueren miles de venezolanos por las carencias y la imposibilidad real de conseguir medicamentos.
Esta realidad, que constituye una verdadera crisis humanitaria, fue decretada por la Asamblea Nacional y fue expuesta por diversas organizaciones no gubernamentales en las sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los argumentos se han centrado en que el gobierno no garantiza el derecho a la salud, y consecuentemente la vida, y ante la falta de acceso a los medicamentos y la falta de funcionamiento del sistema de salud cada día mueren cientos de personas. La precaria situación del derecho a la salud es innegable y dudamos que una persona que, aunque defienda al gobierno y sea medianamente responsable, pueda ocultarla.
En una expresión de cinismo e irresponsabilidad extremos, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, en su discurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su malestar porque la Asamblea Nacional decretó a finales de enero que el país vive una “crisis humanitaria de salud”; y con mucho énfasis consideró que es “irresponsable” hablar de que hay una crisis humanitaria en Venezuela porque hay naciones del continente en una situación “muchísimo más grave”.
En el ejercicio de las relaciones internacionales lo mínimo que se requiere de un agente diplomático es transparencia como complemento del principio de buena fe en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Embajador Álvarez: ¿usted comentó en la CIDH que en Venezuela no hay acetaminofén, antidiarreicos, antibióticos para los niños y adultos, o se le olvidó?
Las afirmaciones del embajador Álvarez son tan irresponsables como el gobierno que representa. No se puede ocultar que en Venezuela no hay políticas adecuadas y efectivas para garantizar el derecho a la salud.
Las personas que sufren de diversas patologías se han visto obligadas a exponerse públicamente. No basta con estar enfermos y no conseguir medicamentos o tratamientos; también han tenido que ceder a la humillación de hacer visibles sus datos personales relativos a la salud, los cuales se supone deben ser tratados con confidencialidad. Seguramente, este aspecto tampoco le vino a la mente al embajador al momento de su disertación.
Embajador Álvarez: seguramente en el planeta hay situaciones peores que en Venezuela y eso es muy lamentable. Pero ese argumento no es un aliciente para los enfermos que en Venezuela no cuentan con un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios públicos de salud y programas adecuados para curarse.
El embajador Álvarez no debe ponerse bravo porque la Asamblea Nacional haya decretado una crisis humanitaria. Esas bravuconadas le pueden afectar la salud, lo cual puede provocar su regreso a Venezuela. Y recuerde que aquí no hay medicamentos. Según la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), “en Venezuela hay 80% de fallas en el abastecimiento de medicamentos y una deuda con el sector de 4.000 millones de dólares”.
Sí, embajador, me permito recordarle que parte del problema es el dinero robado a través de operaciones fraudulentas vinculadas al control de cambio, que asciende a 300.000 millones de dólares, según las aproximaciones realizadas por dos ex ministros chavistas, que seguramente usted conoce: Héctor Navarro y Jorge Giordani. Eso sí es una irresponsabilidad. Por cierto, ese saqueo con las divisas no ha sido investigado de forma oportuna y efectiva por las autoridades venezolanas. Si no comentó nada de esto no lo culpo, seguramente se le olvidó u operó ese viejo axioma jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans, según el cual nadie puede alegar en su defensa su propia inmoralidad o torpeza.
Embajador Álvarez, los cientos de miles de enfermos en Venezuela lo que simplemente desean es tener la posibilidad de acceder a medicamentos para aliviar sus padecimientos. Esa misma posibilidad que usted tiene en Estados Unidos de ir a un CVS, 7/11, o Walgreens cuando necesita comprar un medicamento. Claro, muchos no tienen el privilegio de tener un seguro de hospitalización como el que usted tiene por ser funcionario diplomático. Lo mínimo que se esperaba era un discurso más sincero, porque con la vida y la salud no se juega, además, ser responsable y solidario nunca será malo.
Entendemos que su misión es defender al gobierno, porque, por sus declaraciones, está descartado que defienda o proteja a las personas enfermas en Venezuela. Pero por humanidad, y ya que a simple vista se le ve vigoroso y sano, le pregunto: ¿usted como político y como ser humano qué le puede decir al ciudadano que está enfermo y débil y no tiene acceso a fármacos indispensables para tratar y controlar enfermedades crónicas como diabetes, hemofilia, hipertensión, cáncer, VIH, y tuberculosis?
¿No cree que lo mínimo que el gobierno debe hacer es buscar soluciones al problema? O acaso ¿la arrogancia del gobierno genera una ceguera tan grande que no permite aceptar ayuda de otros gobiernos u organizaciones internacionales? Recuerde que uno de los propósitos de la OEA, organización de la cual usted forma parte, es promover la acción cooperativa de acuerdo con el artículo 2 literal “e” de la carta fundacional. En casos de crisis humanitaria esa acción cooperativa cobra más vigencia que nunca. Salvo que la revolución pretenda una reforma de ese principio.
En una democracia, cuando el Poder Ejecutivo es “irresponsable” lo que se espera es que los otros poderes actúen, sobre todo el Poder Judicial, que se supone debe aplicar la ley, aunque en Venezuela ello se haya vuelto imposible, porque no hay autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Y con la fría letra de la ley no logramos la disponibilidad ni el acceso de los fármacos.
Cabe recordar aquella tristemente célebre decisión mediante la cual la Sala Constitucional el 26/05/2004 declaró sin lugar una acción de amparo ejercida por la Federación Médica Venezolana, por violación de los derechos a la vida y la salud, derivada de la insuficiente e inoportuna dotación de insumos a los hospitales y ambulatorios públicos. En esa oportunidad dijo: “No desconoce la Sala la lesión de tal derecho, pues desconocer el estado del sistema de salud del país es imposible, lo que resalta este órgano jurisdiccional es que la satisfacción del mismo, en los términos expuestos, se logra a través del control político y no del jurisdiccional, abonando a favor de esta tesis no sólo la característica dual de los derechos sociales, sino también del principio de división de los poderes, pues, de aceptarse una tesis contraria a la aquí propuesta , conduciría a un gobierno de los jueces, y tacharía de demagógica cualquier decisión que se dicte al respecto al ser fallos por definición inejecutables”. (Sala Constitucional, sentencia 1002, de fecha 26/05/2004). Esto significa que según la Sala Constitucional el derecho a la salud en Venezuela no es justiciable. ¿Usted relató algo de eso en la CIDH?
Embajador, no me voy a referir al principio de división de los poderes, porque ya la ex magistrada Luisa Estella Morales, en 2009, cerca de cumplirse el décimo aniversario de la Constitución, dijo que eso “debilita al Estado”. Tampoco voy a reiterar el tema del “gobierno de los jueces”, porque la Sala Constitucional, a través de la decisión N° 9 del 01/03/2016, pretendió limitar las competencias de la Asamblea Nacional, con lo cual puso en evidencia una dictadura de los jueces. Pero si hay algo que reconocer de la decisión 1002 es que una de las formas de lograr la satisfacción del derecho a la salud es a través del control político; tal como lo hizo la Asamblea Nacional al declarar que existe una crisis humanitaria, por eso es incomprensible su malestar.
Embajador, la CIDH como organismo de derechos humanos tiene claro los perímetros del derecho a la salud, por eso no tiene sentido traer a colación las graves situaciones de otras naciones para desconocer las violaciones de derechos humanos en nuestro país. En ese foro las víctimas y el Estado de forma responsable deben delatar las violaciones de los derechos humanos y también reconocer los avances del Estado en la adopción de medidas legislativas o de otra naturaleza.
Qué puede decir el gobierno sobre la adopción de políticas que garanticen los servicios y factores determinantes básicos relativos a la salud. Si usted está tan seguro de que es una irresponsabilidad hablar de crisis humanitaria por qué no identificó lo “logros” reales de la revolución en materia de salud, y les indicó a las víctimas en dónde pueden ir a buscar los medicamentos; o, por ejemplo, cómo hacer para tener acceso al agua potable; a las condiciones sanitarias en los hospitales; a la remuneración del personal médico y profesional, y la disponibilidad y acceso de los medicamentos esenciales para tratar diversas patologías. ¿Usted hizo algún comentario de eso en la CIDH?
Embajador Bernardo Álvarez; desconocer que en Venezuela existe una crisis humanitaria es ignorar los padecimientos reales que viven los venezolanos. Desconocer la crisis humanitaria es equivalente a banalizar la tragedia que sufre el ciudadano por la falta de funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud que deben ser accesibles a todos, sin discriminaciones.
Pretender desconocer la crisis humanitaria que se vive en Venezuela es hacerse cómplice de las violaciones de derechos humanos, es una artimaña politiquera que debilita aún más el derecho a la salud cuyo acceso debe ser garantizado de hecho y de derecho a los sectores más vulnerables y marginados de la población, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/sida, u otras patologías. ¿Por qué se olvidó de toda esa gente en la CIDH?